Porque los muertos
por: Alfonso Ponce de León
No tiene mucho tiempo. Varios jueces penales adscritos a la ciudad de Puebla se entrevistaron con el procurador General de Justicia, Rodolfo Igor Archundia Sierra, para plantearle un serio problema y pedir su ayuda.
La conversación giro en torno a Carlos Alberto Pérez Suero, director de Averiguaciones Previas Metropolitana Sur, de la Procuraduría General de Justicia (PGJ); los jueces se mostraron preocupados por las amenazas del funcionario.
Pérez Suero envió mensajes a los jueces locales; les mandó a decir que si rechazaban alguna de sus consignaciones —la que fuera—, o si negaban las ordenes de aprehensión, entonces los consignados iban a ser ellos, los jueces.
El procurador escuchó en silencio —y a la vez preocupación— la queja. Los jueces le dijeron que esa dirección, desde la llegada de Pérez Suero, se distinguía por no integrar debidamente las averiguaciones previas y como consecuencia dejaban “desabrigada” la administración de justicia, pero que ese no era su problema.
El procurador se encogió de hombros, esbozo una pequeña molestia y despidió a los jueces; les dijo que iba a tomar cartas en el asunto pero no hizo nada.
Frases celebres de un director
Cercano a esa protesta un grupo de agentes del Ministerio Público se tornó preocupado por dos razones. La primera, era que su trabajo estaba en entredicho; la segunda, porque no podían hacer nada para evitarlo, pues estaban bajo las ordenes y a merced de Pérez Suero, el hombre más fuerte de la PGJ, el más impune, y no les quedó otro remedio que ventilar a la discreta las historias de negligencia y abuso del funcionario.
“Licenciado, esta averiguación no puede pasar”, las frases constantes. “Pasa, por mis huevos”, las mismas respuestas.
“Licenciado, faltan algunos artículos para integrar el expediente”, otra de las frases. “Qué, acaso no sabes, quieres que yo lo haga”, las simples respuestas.
“Te tiemblan las chichis”, otra de las múltiples palabras de Pérez Suero hacia sus secretarias cuando se niegan a obedecer alguna orden que puede afectarlas.
¿Por qué las secretarias, agentes del Ministerio Público —hombres y mujeres— no pueden quejarse contra el director de Averiguaciones Previas Metropolitana Sur? Es muy sencillo. Nadie les va a creer, pueden terminar en otra agencia o incluso, con el riesgo de perder su trabajo.
Quienes se atrevieron a acusar al director terminaron con una respuesta. “No se anden con chismes y pónganse a trabajar”.
De esta forma las quejas por acoso sexual, abuso de autoridad y anexas, terminaron en el cesto de basura del principal despacho del edificio de la 31 Oriente y bulevar 5 de Mayo.
Le adelantó la exoneración
Actualmente Carlos Alberto Pérez Suero está en el centro de un huracán. En su contra existe una investigación por la desaparición de un lote de joyas, propiedad de María Pérez García, a quien el funcionario consignó por cohecho en el Juzgado Segundo de lo Penal.
Si esta irregularidad la hubiera enfrentado otro funcionario de igual o menor nivel, le aseguró que ya habría sido cesado, consignado, incluso boletinado, porque el maestro Archundia no le perdona a ninguno de sus subordinados un error de esta magnitud, pero se trata de Pérez Suero.
Para tratarlo de salvar ya intentaron meter baratijas y hacerlas pasar como las joyas desaparecidas, estuvieron a punto de incriminar a un detenido para presentarlo como el ladrón, citaron a otros agentes del fuero común para hacerlos “solidarios” con la deuda y no tardan en acusar a una secretaria del robo. Todo con tal de exonerar al servidor público.
Es más, no le extrañe que vaya a quedar totalmente libre de toda culpa, incluso libre de cualquier responsabilidad.
No hay de otra, Pérez Suero se va a salir con la suya, va a seguir siendo director y su venganza para quienes lo acusaron será de antología.
El maestro Archundia es un hombre con buenas intenciones, nadie duda de su honestidad ni del compromiso con su trabajo, pese a su aversión a la Policía Ministerial, o a la prensa, pero en estos momentos es un rehén en su propia procuraduría.
El correo de los muertos…
Corrupción al rojo vivo
En el Instituto de Ciencias Jurídicas de Puebla, área de Derecho, los catedráticos se dedican a estafar a los estudiantes por una calificación. Así es. Cuando desean acreditar una materia se les tiene que pagar mil pesos por alumno, pero si son terminales, de mil 500 a 2 mil pesos. Si no, no hay forma de acreditar la materia. Me gustaría que revisaran los exámenes que elaboran, con toda la intención de reprobar a los alumnos. Claro, citan a los alumnos en sus respectivas oficinas para el pago. El año pasado se publicó una grabación el periódico de la UAP en la que se desacreditaba a uno de estos catedráticos, pero Germán Molina prefirió correr al alumno y cubrir al catedrático, por el prestigio de la escuela. Hablo de Hugo Alberto Domínguez Ortega y Arturo Arellano. Sus oficinas se ubican entre 27 Poniente y 11 Sur. Ya basta de que abusen del bolsillo de los alumnos y los vean como una caja de producir dinero. O acaso los enseñan a ser unos abogados mediocres, llenos de corrupción???
Atte. Una víctima de esta institución.
Nos vemos cuando nos veamos
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