El Mito de la Fiscalización Pública

2003 Fauna Política / Rodolfo Herrera Charolet

El 28 de noviembre de 2006 los noticieros nacionales informaron de la captura de tres delincuentes, uno de ellos con camisa arremangada, dos de ellos panzoncitos, los tres con caras llenas de barbas sin rasurar por lo menos dos días y la vista fijada en un punto cualquiera del suelo. Igualmente los tres, sin ser miembros de la misma banda, fueron presidentes municipales en el Estado de Hidalgo, los tres fueron aprehendidos por embolsarse recursos públicos, los tres tomaron del erario millones de pesos que desde luego se duda de su recuperación.

Como diputado del la LV Legislatura voté siempre a favor la sanción impuesta por irregularidades cometidas por presidentes municipales, algunos de ellos destituidos, uno fue encarcelado –el de Tetela de Ocampo, que por segunda ocasión era Presidente-, a más de una veintena se les iniciaron procedimiento –desconozco cuantos fueron denunciados ante la autoridad competente-, a gran cantidad de presidentes se les iniciaron procedimiento, pero pocos, muy pocos pagaron o devolvieron lo hurtado.

El asunto más relevante, que se inició en mi gestión como diputado, fue el expediente en contra del presidente municipal de Puebla 2002-2005, Luís Paredes Moctezuma, quien ganó un amparo otorgado por el juez primero de Distrito contra la sanción por 517 millones de pesos y la inhabilitación para ocupar un cargo público de 12 años, así como la denuncia ante el Ministerio Público para proceder en su contra por peculado, que le impuso la LVI Legislatura por responsabilidades administrativas, que fueron detectadas en la cuenta pública del año 2003, como lo informó el auditor general del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla (ORFIS) José Doger Corte.

El Auditor General afirmó el 8 de noviembre de 2005 que en la resolución votada por el pleno del H. Congreso del Estado, por la que se integró el juicio de amparo 1089/2005, le faltó la argumentación sobre las sanciones aplicadas al alcalde panista, -quien había sido expulsado de su partido y también les ganó un amparo para reincorporarlo dentro de sus filas-. Los diputados deberán dictar una nueva resolución que cumpla las formalidades requeridas.

Recientemente fue separado de su cargo el presidente municipal de Chiautla, quien haciendo uso de una triangulación –producto de una asesoría mal efectuada-, vendió un predio de su propiedad, al municipio, embolsándose una cantidad superior a 8 millones de pesos. Aún cuando la separación al cargo obedece a otras irregularidades que se acumularon, faltando por auditar otras cuentas de su mandato.

No obstante de que existen los mecanismos de control legislativo sobre las cuentas públicas municipales, el procedimiento es lento y deficiente para actuar ante la dinámica imperante en la función pública, puesto que no existen aún los mecanismos que eviten la malversación de fondos públicos en cantidades millonarias, gracias a las lagunas legales y amplias facultades discrecionales que se otorgan a los gobernantes de los municipios.

Sin hacer un tratado extenuante de las pillerías cometidas por las autoridades municipales y los defectos en la ley de fiscalización de nuestra entidad, así como las chicanadas y funciones discrecionales que entorpecen el cobro efectivo de las sanciones y recuperación de los fondos públicos sustraídos. Puedo afirmar que es necesario una reforma integral de las leyes de la materia, en especial el proceso de fiscalización, dictamen y notificación de las resoluciones, así como la mecánica de comprobación y los criterios empleados, sin pasar por alto que es impostergable el establecimiento de una sanción que no viole garantías individuales, como en la especie sucede, al imponerse multas excesivas prohibidas por la Constitución , así como, la agilización del procedimiento de cobro respectivo.

Derivado de lo anterior, puedo asegurar que la gran mayoría de aspirantes a Presidentes Municipales, más lo hacen por el deseo de enriquecerse a costa de los fondos públicos que servir al pueblo. Solo basta con una entrevista y los primeros seis meses de su mandato para darse cuenta que la función pública la entienden más como la minita de Alí Baba y sus 40 ladrones, otros, utilizan la función pública como trampolín político o forma de financiamiento de futuros cargos. En resumen la administración pública municipal, es más codiciada que cualquier otra posición política, porque aceptan “algunos” ser diputados de “a perdis” en tanto no logran su objetivo.

Por ello creo, que mientras no se hagan las modificaciones adecuadas y se sancionen oportunamente a los presidentes municipales que se embolsan los recursos públicos, el ORFIS no pasará de ser un instrumento político, útil para le negociación y un mito de la fiscalización pública.