La directora del Servicio de Administración Tributaria precisó que la medida obedece a la política de austeridad que aplicó Andrés Manuel López Obrador y afirmó que los despidos de personal le permitirán a la dependencia organizarse de una mejor manera y ser más eficiente.
“El presidente prometió en campaña un gobierno austero y más eficiente. La elección de julio refrenda la decisión popular de esas políticas y obliga a una reorganización interna y no es un proceso fácil, ni terso, son difíciles. Sin embargo era un reclamo popular que implica una reorganización”.
Margarita Ríos-Farjart indicó que el presupuesto de egresos que se le destinó al SAT se redujo en el área de nóminas y que tuvieron que realizarse medidas de ajuste.
“En el caso particular del SAT teníamos muchas condicionantes, un presupuesto de egresos, un techo muy reducido en comparación con el año anterior, específicamente en el ramo de nóminas”.
La titular del SAT aseguró que atenderán los casos en que se demuestre que fueron violados los derechos humanos o laborales de los empleados.
El viernes 21 de diciembre, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) reconoció que sí hubo un despido de miles de trabajadores de confianza.
La dependencia precisó que también se eliminarán los sueldos elevados y los privilegios de los que gozan los funcionarios.
Indicó que las disposiciones se enmarcan en el plan de austeridad republicana que el gobierno ha aplicado en todas las secretarías de Estado.
En su cuenta de Twitter, el Servicio de Administración Tributaria publicó un mensaje en el que indicó que los ajustes administrativos tienen la finalidad de evitar la duplicidad de funciones y aumentar la eficiencia.
“#ComunicadoSAT: Ajustes administrativos tienen como objetivo evitar la duplicidad de funciones e incrementar la eficiencia”.
“Derivado de un análisis organizacional y con la finalidad de evitar duplicidad de funciones e incrementar la eficiencia, las Administraciones Generales del SAT propusieron reajustar sus unidades administrativas, determinando las áreas y plazas que se podrían compactar, previendo no impactar la calidad de los servicios ni los procesos recaudatorios”.
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