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SCJN confirma adeudo fiscal: Elba Esther Gordillo deberá pagar 19.2 mdp por ISR


La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió en sesión del Pleno el 19 de febrero de 2026 rechazar la revisión de un amparo promovido por Elba Esther Gordillo Morales. La decisión deja firme la sentencia que obliga a la exdirigente del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) a cubrir un adeudo por Impuesto Sobre la Renta (ISR) correspondiente a los ejercicios fiscales de 2008 y 2009.El adeudo se originó a partir de determinaciones del Servicio de Administración Tributaria (SAT) en 2016, que detectó ingresos no declarados por un monto original de 7 millones 883 mil 606 pesos. Estos ingresos se relacionaron con depósitos en cuentas personales, pagos a tarjetas de crédito y servicios a nombre de Gordillo Morales, detectados a finales de 2013 mediante compras en tiendas de alta gama en Estados Unidos.Con la acumulación de recargos y multas, el monto total asciende a 19 millones 269 mil 323 pesos. El litigio inició formalmente en febrero de 2021 ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA), instancia que negó el amparo solicitado. Posteriormente, en septiembre de 2025, la entonces presidenta de la SCJN, Norma Piña Hernández, admitió un recurso de revisión contra esa decisión.La Secretaría de Hacienda y Crédito Público impugnó la admisión del amparo. En la sesión del Pleno, el proyecto presentado por la ministra Lenia Batres Guadarrama fue aprobado por unanimidad. La Corte determinó que no existen cuestiones de ilegitimidad constitucional que ameriten revisión, ya que no se demostró que los gastos correspondieran al ejercicio del cargo en el SNTE.El fallo confirma que la autoridad fiscal actuó correctamente al clasificar los montos como ingresos gravables de la contribuyente. Con esta resolución, se agota la vía de impugnación ante la SCJN y el adeudo queda firme, por lo que Elba Esther Gordillo Morales deberá proceder al pago para concluir el procedimiento fiscal.El caso resalta el proceso de fiscalización aplicado por el SAT en ejercicios pasados y la revisión judicial de determinaciones tributarias en materia de ISR. La decisión del máximo tribunal cierra el litigio iniciado hace varios años y obliga al cumplimiento del crédito fiscal establecido.

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