No vaya usted a pensar que el Juzgado Primero de Defensa Social terminó de analizar el caso de los tres elementos de la extinta Policía Judicial del Estado (PJE) adscritos a las subdirección Operativa Metropolitana, acusados de torturar hasta asesinar al empresario Ricardo Ramírez Rodríguez, quien tenía 31 años de edad, ocurrido el 31 de enero de 2008. Es el primer castigo contra estos exservidores públicos que la Sedecap les impone tras incurrir en lo que llama “Incumplimiento de disposición jurídica relacionada con el servicio público”.
Aún no se sabe si el también empresario Antonio Ramírez, al denunciar ante la Procuraduría General de Justicia (PGJ) el abuso del que fue objeto él y su hermano lo hizo también en la Sedecap; lo que sí se sabe es que esta instancia del gobierno del estado inhabilitó por diez años para trabajar en el servicio público a estos tres personajes de la “era de la maestra Villeda”, quienes permanecen internos en el Centro de Readaptación Social (Cereso) de San Miguel.
De hecho, el castigo “ejemplar” que aplicó la Sedecap de José Díaz Salinas, Edgar Rolando Contreras Chang y José Carlos López Quiterio, son en realidad castigos fuertes si tomamos en cuenta que “los angelitos” cometieron delitos que se sancionan hasta con 50 años de prisión y la pena en doble cuantificación si se trata de un servidor público; entonces, ¿qué merito tiene inhabilitar por diez años a quienes deben quedarse presos por lo menos 50 años?
Al final, privaron de la vida a un ser humano valiéndose de un empleo que les fue otorgado para proteger a la sociedad.Nadie quiere pensar que los tres exagentes acusados por los delitos de homicidio calificado, privación ilegal de la libertad, abuso de autoridad, tortura y los que resulten estén a punto de quedar en libertad, y sólo les apliquen una sanción de diez años inhabilitados. Queremos pensar que esa determinación está muy, pero muy lejos del fallo de un juez, porque una cosa es el Poder Ejecutivo y otra muy distinta el Judicial.
Los verdaderos responsables, en el olvido
Los verdaderos responsables, en el olvido
Al analizar que los tres exagentes de la PJE, incurrieron en “Incumplimiento de disposición jurídica relacionada con el servicio público” no tomaron en cuenta que estos tres sospechosos por varios delitos seguían instrucciones de otros superiores, como la exprocuradora general de Justicia, Blanca Laura Villeda Martínez, o la exdirectora de Averiguaciones Previas Metropolitana Sur, Rocío Montero quienes siempre estuvieron enteradas de sus actividades e incluso los alentaron a cometer no sólo ése, sino muchos otros abusos y eso lo sabe el maestro Igor Archundia, actual procurador.
Si usted me permite decirlo, la Sedecap analizó con mucha “ligereza” la muerte de un empresario a quien tres servidores públicos secuestraron con una sola intención: obtener un beneficio económico, y quienes los protegieron incurrieron en la misma responsabilidad, tanto penal como administrativa. En este caso, todos los responsables deben ser castigados de acuerdo a la forma como actuaron.
Un procurador olvidadizo
Al maestro Archundia no se le debe olvidar que muchos de los implicados en este abuso de autoridad, que terminó en homicidio, fueron encubiertos por su procuraduría y continúan trabajando muy “quitados de la pena” cuando saben que en su conciencia está la muerte de un inocente; no es tan fácil delegarle la responsabilidad a tres de los protagonistas, cuando en este delito hubo complacencia y displicencia de las autoridades, desde la misma procuradora hasta quienes estuvieron a cargo de la investigación.
¿Sabe qué pasaría si este caso se abre por completo?La sociedad confiaría más en sus autoridades.
Correo de los muertos…
¿Y los custodios tranzas, “Mon Señor” Aldo?
En los últimos días se han conocido al menos dos casos de excustodios de Ceresos en Puebla que se cambiaron a las filas de la delincuencia organizada.
El primero de ellos fue Osvaldo Vargas Lucero, muerto en un tiroteo en Villahermosa, Tabasco, entre gatilleros de Los Zetas y agentes de la Policía ministerial. Osvaldo Vargas trabajó en Puebla entre 2003 y 2008 como custodio del Cereso Puebla antes de darse de alta como sicario de una peligrosa banda de narcotraficantes.
El segundo caso se refiere a José Damián Uriel Ramos Vázquez, quien hasta hace poco fue custodio de la cárcel municipal de Izúcar de Matamoros, y actualmente comandaba una peligrosa banda dedicada al robo de vehículos y comercialización de autopartes robadas.
Este sujeto fue detenido por elementos de la Policía metropolitana en calles de la colonia San Manuel, de la ciudad de Puebla.
La pregunta obligada al director general de Ceresos, monseñor Aldo Enrique Cruz, sería la siguiente: ¿cuántos delincuentes más están refugiados en los reclusorios, trabajando y sirviendo al gobierno del estado, obteniendo información privilegiada, que en su oportunidad utilizarán para delinquir?S
eguramente no tiene la menor idea, pero lo tranquilizante es que ya seguramente en este momento estará rezando para que en el sistema penitenciario poblano no se sigan “colando” criminales en potencia, como estos dos últimos casos ya mencionados.
Que Onésimo Zepeda redima a monseñor Aldo Enrique… amén.
Nos vemos cuando nos veamos
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