Por lo oscurito

A escondidas, el alcalde de Cuetzalan rinde su informe y destituye a sus críticos
Martín Hernández Alcántara/La Jornada de Oriente

En uno de sus últimos actos oficiales, el alcalde de Cuetzalan, Norberto Aparicio Bonilla, orquestó la destitución del síndico del cabildo que encabeza y de una regidora que se opusieron a sus malos manejos. También rindió su último informe de labores en una sesión cerrada a la que sólo pudieron asistir los empleados de su administración y que terminó a los 20 minutos de haber empezado, por la irrupción de integrantes del Movimiento Ciudadano Cuetzalteco (MCC).

Los hechos sucedieron ayer, según dio a conocer el MCC, organismo que está a la espera de que el Congreso local proceda legalmente contra el munícipe de extracción panista, pues al parecer violentó varias disposiciones legales: entre otras la de haber cesado de sus funciones a dos representantes populares comunales, acción que sólo puede ser efectuada por el Poder Legislativo.

Desde la noche del lunes, el MCC se enteró de que Aparicio Bonilla pretendía convocar a una sesión extraordinaria de cabildo, a fin de adelantar su tercer y último informe de labores. En realidad se trató de una sesión ordinaria de la que los ciudadanos prácticamente fueron echados, pues se decidió que fuera a puerta cerrada.

Durante esa sesión, celebrada en la mañana, los regidores afines a Aparicio Bonilla destituyeron al síndico Joel Leyva Lazcano y a la regidora Irene Galicia, quienes se han distinguido por ser de los principales opositores en el gobierno cuetzalteco a los atropellos del presidente municipal.

Otra determinación tomada por el alcalde y sus asociados fue designar la parte baja del edificio que ocupa la Presidencia Municipal como recinto apto para las sesiones del cabildo.

Se decretó un receso, y al filo de las 14 horas los trabajadores del ayuntamiento fueron ocupando la planta baja hasta que apareció Norberto Aparicio Bonilla, quien entregó su primer informe de labores a Iván Lira, funcionario de la Secretaría de Turismo y representante del gobernador del estado, según informó el MCC.

Afuera estaban los miembros del Movimiento Ciudadano Cuetzalteco, quienes indignados por su exclusión del acto oficial, le gritaban al panista: “¡Ratero!”, “inmoral!”, “ten los pantalones y el valor de dar la cara!”.

Enardecidos, los ciudadanos decidieron irrumpir en el palacio municipal y así lo hicieron. Cuando entraron al inmueble la mayoría de los presentes guardaron silencio, aunque la pareja sentimental del munícipe, Ariadna García, amenazó con denunciar penalmente al ciudadano édgar Balderas García. Al final, los regidores afines al alcalde decidieron dar por terminada la sesión.

Además de la falta que supone la destitución de los regidores, el MCC considera que Norberto Aparicio Bonilla también violentó la Ley Orgánica Municipal, ya que debió concluir la primera sesión, realizada por la mañana, e iniciar una nueva para rendir su informe.

El Movimiento Ciudadano Cuetzalteco está integrado por las siguientes organizaciones: S.S. Maseual Siuamej Mosenyolchikauani, Centro de Asesoría y Desarrollo entre Mujeres A.C. (Cadem), Sociedad Cooperativa Agropecuaria Regional Tosepan Titataniske, Cooperativa Maseual Xicaualis, Yeknemilis A.C., Maseual Chikaujkatajkitini, Siuamej Sentekitini, Yekyetolis, La Casa de la Mujer Indigena A.C. (cami).

El MCC ha detectado más de 6 millones y medio de pesos que el edil no puede comprobar, ya sea porque las obras no están concluidas o porque son inexistentes, aunque estima que la cantidad de ese fraude puede ser mayor.

Durante un juicio celebrado en diciembre del año pasado, el Movimeinto denunció una de las arbitrariedades del edil: “Se aprobó la construcción del hospital regional de Cuetzalan con la aportación del gobierno federal, estatal y municipal. Al municipio le correspondió aportar el terreno y el acceso, para lo cual el cabildo aprobó una partida de 10 millones de pesos. A decir del edil, dicho montó se invirtió en la compra de un terreno y en la construcción del acceso al mismo. Dicho terreno y dicho acceso fueron aprobados por las instancias correspondientes para la construcción de la obra; sin embargo, de manera inexplicable el gobernador del estado, Mario Marín Torres, puso la primera piedra de la construcción en un terreno distinto al que se tenía disponible. Lo anterior se hizo sin la consulta ni la aprobación del cabildo. Así que los 10 millones fueron tirados a la basura”.

Y añadió: “Se presume que el clásico diezmo (sic) que las empresas constructoras tuvieron que pagar al alcalde para que les autorizara las obras ha sido la principal fuente de su enriquecimiento. Se considera que en el tiempo que lleva gobernando han sido autorizadas obras por un monto cercano a los 150 millones de pesos, por lo que el diezmo se estima en 15 millones de pesos (sic)”.

También pesan sobre el alcalde denuncias por acoso sexual en contra de Mónica Molina Arroyo, quien al inicio de la gestión fungió como titular de la Dirección de Turismo Municipal en Cuetzalan. “Cuando ella lo denunció ante el Ministerio Público fue víctima de calumnias por parte del edil. Fue acusada de chantaje y aprehendida por integrantes de la Diedo del estado y hostigada por los policías durante el traslado que realizaron de Cuetzalan a Zacapoaxtla; fue puesta en libertad por el Ministerio Público al comprobarse su inocencia y evidenciar la trampa de la que fue objeto”, se asegura en el legajo.

Asimismo, se consigna que “Estela Meruelos, en su calidad de ex esposa del edil, denunció que éste se ha rehusado a cumplir con su responsabilidad de aportar para el sostén de sus hijos. Para justificarse, Norberto Aparicio declaró ante un juez que labora como presidente municipal sin recibir ningún pago, siendo que su sueldo mensual es de 40 mil pesos”.

Por todo lo anterior, el MCC impuso las siguientes sanciones a José Norberto Aparicio Bonilla: La devolución del dinero mal habido, su desconocimiento del cargo, “ya que no tiene la calidad moral necesaria para representar a una ciudadanía digna como lo es la de Cuetzalan del Progreso”. Se le nombró ciudadano indeseable; además, “debido a que la cantidad de dinero de la que dispuso, está alrededor de los 21 millones de pesos (estimando lo desviado en obras comunitarias más los diezmos (sic) que cobró), esta soberanía lo condena a 70 años de faenas para las comunidades a las que afectó”, finaliza el texto.