Alejandro Armenta respalda prohibición de sucesiones familiares en cargos públicos y ofrece disculpas a aspirantesAlejandro Armenta Mier, gobernador de Puebla, expresó su respaldo a la postura de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo respecto a la prohibición de sucesiones directas entre familiares en cargos de elección popular. Durante un encuentro con medios en la Ciudad de México, Armenta Mier indicó que no apoyará candidaturas que impliquen la sucesión inmediata de parientes en puestos públicos. Subrayó que esta medida busca impedir que los cargos se conviertan en herencias familiares y contribuye a fortalecer la democracia y reducir prácticas que pueden derivar en corrupción.El gobernador ofreció disculpas públicas a integrantes de las familias Armenta y Mier que tengan aspiraciones políticas. Explicó que, en cumplimiento de la normativa que entrará en vigor en 2030 y de los estatutos internos de Morena que aplican desde 2027, deberán buscar otras actividades distintas a la contienda por cargos similares a los ocupados por sus familiares cercanos. Mencionó que la espera mínima de seis años para aspirar a un puesto equivalente es una disposición ya vigente en varios ámbitos.Armenta Mier citó como ejemplo el caso de los hermanos González Vieyra en la región de Ciudad Serdán, donde se alternaban en la alcaldía durante varios periodos. Refirió que esta dinámica familiar coincidió con un incremento en delitos como el robo de hidrocarburos y consolidó un control político prolongado en la zona. Indicó que prácticas de este tipo debilitan la alternancia democrática y afectan la gobernabilidad local.El mandatario reiteró su apoyo a la reforma impulsada a nivel federal para limitar el nepotismo en la función pública. Aseguró que en Puebla no se promoverán ni permitirán candidaturas que contravengan estas disposiciones. Enfatizó que el servicio público debe ejercerse con apego a la legalidad, la ética y los principios de responsabilidad democrática. El posicionamiento se enmarca en el contexto de posibles aspiraciones para los procesos electorales de 2030 en municipios y el estado, donde familiares de actuales funcionarios han manifestado intenciones de participar en contiendas por la gubernatura o presidencias municipales.
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