Ambientalistas: ¿Revancha política o exigencia legítima?

Doble discurso ambiental en las obras públicas de Puebla: ¿Revancha política o exigencia legítima?La actual indignación de algunos sectores —que se autodenominan defensores del medio ambiente— ante proyectos de infraestructura como el Cablebús parece responder más a una estrategia de revancha y manipulación política que a una preocupación consistente por la realidad ambiental. Este doble estándar se evidencia al comparar el manejo del arbolado urbano en administraciones anteriores del Partido Acción Nacional (PAN) con las medidas de compensación anunciadas hoy.
Durante los gobiernos de Rafael Moreno Valle (2011-2017) y Antonio Gali Fayad (2017-2018), se talaron miles de árboles en la zona metropolitana de Puebla para priorizar obras de movilidad y desarrollo urbano. Las remociones se justificaron por la "necesidad de avanzar en infraestructura", pero en la mayoría de los casos faltaron planes detallados de compensación ambiental, programas masivos de reforestación o seguimiento a largo plazo.
Algunos ejemplos documentados incluyen:

• Línea 1 del sistema RUTA (gobierno de Moreno Valle): se eliminaron alrededor de 700-1,000 árboles para construir este sistema de transporte público colectivo, presentado como un avance en movilidad sostenible. No se implementaron compensaciones de gran escala ni se reportaron evaluaciones exhaustivas de impacto ambiental.
• Líneas 2 y 3 del RUTA (gobierno de Gali Fayad): implicaron la tala adicional de 453 ejemplares.
• Ciclovías elevadas y a nivel de calle: se removieron 235 árboles en varios corredores viales de la capital.
• Otros proyectos: destacan intervenciones como el camino de acceso a la Academia de Formación y Desarrollo Policial "General Ignacio Zaragoza", donde se reportan remociones significativas en zonas boscosas periurbanas (aunque las cifras exactas de 4,000 encinos no aparecen consistentemente en fuentes públicas recientes, se asocian a obras de esa época en áreas verdes).

En total, las intervenciones de esas administraciones afectaron más de 9,000 árboles en la zona metropolitana, sin que en la mayoría de los casos se detallarán autorizaciones ambientales específicas, sanciones por incumplimientos o planes de mitigación equivalentes a la pérdida. El enfoque prioriza la infraestructura sobre la preservación inmediata del arbolado urbano, y las voces críticas ambientales fueron notablemente más discretas en ese momento.
En contraste, el proyecto actual del Cablebús (impulsado por el gobierno estatal) ha generado protestas intensas por su impacto potencial en el arbolado. Las cifras oficiales y reportes indican que el trazo afectaría entre 746 y 980 árboles (dependiendo de la fuente y ajustes al proyecto), de los cuales una parte significativa se reubicará o trasplantar (por ejemplo, hasta 280-746 ejemplares), en lugar de talarse directamente. Como medida de compensación, se ha anunciado la plantación de alrededor de 10,000 nuevos árboles (muchos de ellos de al menos 2 metros de altura para mejorar tasas de supervivencia), a razón aproximada de 1,100 por estación.
Aunque especialistas ambientales advierten que la compensación numérica no equivale automáticamente a la recuperación ecológica —ya que árboles maduros proporcionan servicios ambientales (captura de carbono, sombra, hábitat) que tardan décadas en igualarse con plantaciones nuevas—, el gobierno actual ha enfatizado un plan más estructurado de mitigación y seguimiento, algo que no se vio con la misma escala en las obras del PAN.
Este contraste pone en evidencia un posible doble discurso: silencio o apoyo cuando las talas masivas ocurrieron bajo gobiernos afines, e indignación selectiva ahora. Las protestas actuales, aunque legítimas en su preocupación por el patrimonio arbóreo, parecen amplificadas por actores políticos opositores, como se ha señalado desde el gobierno estatal al vincularlas con intereses del PAN.
La verdadera defensa ambiental debería ser consistente, independientemente del color político: exigir estudios de impacto rigurosos, compensaciones reales y ecológicamente efectivas, y transparencia en todas las administraciones. Solo así se avanza hacia un desarrollo urbano verdaderamente sostenible en Puebla, sin caer en hipocresías ni revanchismos.

(Nota: Las cifras provienen de reportes periodísticos, declaraciones oficiales y análisis ambientales públicos hasta 2026; pueden variar según actualizaciones del proyecto o auditorías posteriores. No se detallan contratos específicos en la información disponible para las obras pasadas.)