El gobierno estatal y municipal avanzan hacia la intervención del relleno sanitario de Chiltepeque,

El gobierno estatal y municipal avanzan hacia la intervención del relleno sanitario de Chiltepeque, operado por Rellenos Sanitarios RESA, S.A. de C.V., empresa propiedad de la familia Abed.El gobernador Alejandro Armenta informó que se procederá a intervenir el relleno sanitario de Chiltepeque tras la acumulación de quejas y denuncias contra la concesionaria. La decisión se enmarca en una concesión heredada de administraciones anteriores, cuya continuidad hasta 2027 fue autorizada durante la gestión municipal de Eduardo Rivera. En rueda de prensa, el mandatario indicó que dialogó con el alcalde Pepe Chedraui Budib, quien presentó un proyecto basado en tecnología para llevar a cabo la intervención y resolver la problemática estructural en el manejo de residuos.En noviembre de 2025, se instruyó una auditoría integral a la concesión de limpia y destino final de la basura operada por Rellenos Sanitarios RESA, S.A. de C.V., debido a reportes de deficiencias en el servicio, como calles con acumulación de basura pese al pago de contraprestaciones por parte del Ayuntamiento de Puebla. La auditoría, a cargo de la Secretaría de Gobernación estatal, busca confirmar posibles incumplimientos que podrían derivar en sanciones o rescisión del contrato.En febrero de 2026, habitantes de comunidades cercanas, como Santo Tomás Chautla, bloquearon los accesos al relleno sanitario para demandar atención a riesgos para la salud pública y el medio ambiente. Los manifestantes reportaron malos olores persistentes, presunta contaminación de mantos acuíferos, afectaciones al suelo agrícola y escurrimientos de lixiviados. Se presentaron denuncias ante la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), que realizó un recorrido de supervisión, aunque no se ha emitido dictamen final sobre los hallazgos.El relleno recibe entre 70 y 100 toneladas diarias de residuos sólidos urbanos provenientes de la capital poblana y municipios de la zona conurbada. La operación del sitio data de décadas atrás, con ampliaciones y renovaciones en gestiones previas, y cuenta con dictámenes previos que avalan su funcionamiento hasta 2030 en evaluaciones federales. La intervención anunciada busca garantizar el cumplimiento de normas ambientales y sanitarias, así como la continuidad del servicio de recolección en la zona metropolitana.La situación se vincula también a otros señalamientos contra la familia Abed, integrada por Yusif José Abed, Paul Maurice Abed, Elías José Abed Razo, Jorge José Abed y Melhem José Abed, relacionados con contratos de servicios en el municipio y una deuda pendiente por el Centro Integral de Servicios (CIS) Angelópolis, estimada en 3 mil 240 millones de pesos a pagar hasta 2037 bajo un esquema de Asociación Público-Privada heredado. En noviembre de 2025, se lanzó un ultimátum para renegociar o cancelar dicho adeudo, con posibilidad de declarar impago en caso de no llegar a acuerdos.Hasta el momento, no se ha precisado el alcance exacto de la intervención ni plazos definitivos, pendiente de los resultados de la auditoría y las observaciones federales. El objetivo declarado es corregir deficiencias en el manejo de residuos y proteger la salud de las comunidades aledañas, en un contexto de revisión de concesiones heredadas en el sector de saneamiento urbano en Puebla.